El cooperativismo se ha erigido como un pilar fundamental para el fortalecimiento de la cohesión social y la mejora de las condiciones de vida de la sociedad y sus familias, al fomentar una distribución del ingreso más justa, juega un papel crucial en la lucha contra la pobreza. Por lo tanto, es esencial promover y sostener esta actividad en el país, buscando el beneficio general de la sociedad.

La evolución de la sociedad dominicana a través de reformas económicas, sociales y políticas subraya la necesidad de que las cooperativas operen bajo un marco jurídico moderno y específico. Este marco debe estar alineado con los desafíos tecnológicos actuales, así como con las oportunidades y riesgos presentes en la sociedad contemporánea. Además, es imperativo que se base en los principios y valores cooperativos universales, reflejando las prácticas de gestión del sector de economía solidaria reconocidas globalmente.

La economía asociativa en la República Dominicana representa un sector vital con un gran potencial para contribuir al desarrollo económico y social del país.

Sin embargo, para alcanzar su máximo potencial, se requiere un enfoque coordinado que involucre mejoras en el marco legal y regulatorio, acceso a financiamiento, capacitación en gestión, innovación y tecnología, y una mayor integración en las políticas públicas.

La población respecto de la cual el sector de la economía asociativa debe establecer sus prioridades, es la que se encuentra ocupada en el sector informal, compuesta por 2,299,120 de personas. Afilia alrededor de 2 millones de personas y aporta al PIB alrededor del 5%.

La economía asociativa, por ser participativa e inclusiva, debe promover y fortalecer el sistema de cooperativas. La ley 127-64 contempla una serie de cooperativas orientadas a lograr una justicia equitativa, una distribución más equilibrada del ingreso y a fomentar la responsabilidad social.