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- Fortalecer la aplicación del régimen disciplinario contenido en la Ley 41-08, así como en las leyes sobre carreras administrativas especiales y otras leyes que regulan el ejercicio de la función administrativa.
- Dotar de mayores recursos económicos, humanos y técnicos a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, para cumplir con sus atribuciones; así como ampliar estas competencias, en acuerdo con las necesidades que surjan de la implementación de este plan de gobierno.
- Implementar un sistema de supervisión y vigilancia permanente sobre los servidores públicos con relación a régimen de incompatibilidades, según la función administrativa en que se desempeñen.
- Diseñar y poner en ejecución programas académicos sobre ética y transparencia, que deberán ser cursados de manera obligatoria por todos los servidores públicos del gobierno central, a través del Instituto Nacional de Administración Pública. La carga horaria dependerá de la naturaleza de las responsabilidades de cada grupo.
- Promover la actualización del Código Penal Dominicano, mediante el proyecto de reforma que tipifica como delitos los beneficios económicos provenientes de operaciones en una entidad pública, el tráfico de influencias, la recepción ilegal de beneficios, la corrupción pasiva y las concesiones de ventajas a terceros.
- .Disponer de mecanismos de inspección automáticos para la comprobación de la veracidad de las declaraciones juradas de bienes, sin necesidad de denuncia previa de falsedad.
- Establecer un Registro Nacional de Veedores.
- Incorporar a los veedores a los procesos deliberativos sobre compras y contrataciones públicas.
- Establecer un sistema de rotación de los integrantes de las unidades operativas de contratación pública.
- Regular y disponer limitaciones claras para el ejercicio del lobbismo y el manejo adecuado de los conflictos de interés.
- Articular un Sistema Nacional de Denuncias de Corrupción.
- Encomendar a la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental la realización sistemática de diagnósticos que identifiquen debilidades en los sistemas y procesos administrativos públicos.
- Actualizar y fortalecer el régimen punitivo, incorporando sanciones penales para castigar la violación a las normas inherentes al sistema de compras y contrataciones públicas, el uso indebido de información reservada, las formas más graves de nepotismo o la obstrucción de los procesos de investigación de casos de corrupción.
- Elevar la calidad técnica de la investigación en casos de corrupción, incorporando al personal de la PEPCA un equipo multidisciplinario de expertos en áreas como finanzas corporativas, tributación, auditoría, bolsa de valores o mercados financieros, entre otras áreas.
- Prohibir las contribuciones económicas de proveedores del Estado a los partidos políticos.
- Obligar a los candidatos a cargos de elección popular a presentar declaraciones juradas.
- 47.Disponer restricciones para la contratación de empresas que no cumplan con determinados estándares de gobernanza corporativa ligados a la transparencia.
- Fomentar los mecanismos existentes de control social de la actividad administrativa, tanto previo como posterior, especialmente pero no limitado a:
- Consensuar una directriz o protocolo para regular las compras de urgencia y durante emergencias, promoviendo un mayor control de la sociedad cuando la legislación se torna más flexible.
- Crear un registro oficial de auditores privados independientes y reglamentar el proceso para que auditen obras, contratos y procesos públicos, a solicitud de la sociedad civil, bajo supuestos determinados.
- Fomentar y hacer operativo el control social de los ingresos, gastos y el uso de los fondos públicos, establecidos en el Art. 246 de la Constitución.
- Crear un mecanismo de denuncias anónimas de irregularidades, que podrá ser utilizado tanto por los servidores públicos, como por la sociedad, en general.
- Implementación del Protocolo de Apertura Gubernamental, para la publicación de las informaciones que integran los datos abiertos.
- Publicación de normas para que los ciudadanos dispongan de toda la información pública que sea de su interés, con una visión de publicidad “abierta por defecto”, para que los datos e informaciones públicas estén disponibles incluso antes de ser solicitadas por los particulares.
- Creación de un sistema de focalización de la información pública según su valor social, económico y de gobernanza, mediante formatos abiertos estructurados y disponibles para todos los ciudadanos.
- Reforzamiento de los mecanismos de ejercicio de acceso a la información pública, mediante programas de educación a la ciudadanía sobre los valores promovidos por el Gobierno Abierto.
- 53.Fortalecer los mecanismos de publicidad al Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE) y a la Cuenta Única del Tesoro (CUT).
- 54. Promoción del diálogo político y el diálogo social, como una práctica permanente de concertación y búsqueda de consensos.