En el ámbito de la protección social, en virtud de la Ley 87-01, se creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Su finalidad consiste en desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo relativo al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales.

El sistema fue creado para garantizar mejores servicios de salud a la población, basado en un modelo de tres pilares fundamentales: el régimen contributivo, el régimen subsidiado y el régimen contributivo-subsidiado.

El régimen contributivo está destinado a los trabajadores y empleadores del sector formal de la economía, incluyendo al Estado como empleador. Su fuente de financiamiento son los aportes compartidos entre empleadores, trabajadores y el Estado.

El régimen subsidiado está dirigido a los ciudadanos con mayor vulnerabilidad, que no tienen capacidad de contribuir como son los desempleados, los indigentes y trabajadores informales.

El contributivo-subsidiado es el dirigido a los trabajadores independientes, con ingresos variables, como son los pequeños y medianos empresarios, los trabajadores por cuenta propia que aportan según su capacidad económica, con subsidios parciales del Estado.

Este último nunca ha logrado ser aplicado.

A 23 años de la reforma del 2001, que creo el Sistema Dominicano de Seguridad Social, este enfrenta una serie de problemas relacionados a la cobertura de la población afiliada, el equilibrio financiero, la rectoría y gobernanza; así como la prestación de los beneficios que están llamados a otorgar.

Aunque en términos cuantitativos, la población afiliada al SDSS actualmente se coloca por encima de 4 millones de personas, aún quedan excluidos los trabajadores informales o independientes, los cuales representan cerca del 24% de la población dominicana, o el 55% de la fuerza laboral.

De conformidad con un informe de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), el 43.8% de los asegurados en el país, está cubierto por el régimen contributivo, que es el seguro médico de los trabajadores que están en el mercado laboral formal y de sus dependientes.

A los asegurados en el régimen subsidiado, que es cubierto por el Estado, representan el restante 56.2% de los afiliados. A estos solo se les ofrecen servicios médicos a través de la red pública de hospitales.

No obstante, conforme a la Constitución de la República, el derecho a la salud es un derecho fundamental. Por consiguiente, el seguro subsidiado es una especie de mito, ya que no se necesita para ser atendido en un hospital público.