De conformidad con la Constitución de la República, nuestro país se ha configurado como un Estado Social y Democrático de Derecho. Está fundamentado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos.
Procura la conquista de la equidad social, de manera progresiva, combinando el ejercicio pleno de la libertad individual con acceso a la justicia social, lo que permite fomentar el progreso y la prosperidad de todos los ciudadanos.
Los 17 años que transcurren desde la desaparición de la dictadura de Rafael L. Trujillo en 1961, hasta la transición democrática alcanzada con la alternancia electoral del poder en 1978, consistieron en una lucha constante por la libertad y la democracia.
En base a la democracia se partía de la ilusión de que se podía alcanzar el poder político, no mediante el uso de las armas, ya fuere mediante golpe de Estado militar o movimiento guerrillero, sino a través del ejercicio de procesos electorales transparentes, que fuesen la legítima expresión de la voluntad popular.
Consagrada la democracia electoral, la agenda nacional se ha concentrado, esencialmente, en alcanzar el desarrollo económico y social, la protección de los recursos naturales y el medio ambiente, el fomento a la seguridad ciudadana y la difusión de una nueva generación de derechos sociales y culturales.
Para consolidar esas conquistas era indispensable fortalecer y modernizar el Estado dominicano. Tal fue lo que se hizo desde el primer período de gobierno del Dr. Leonel Fernández, de 1996 al 2000, en el cual se creó la Comisión Nacional de Reforma del Estado (CONARE), la Comisión Presidencial de Reforma de la Justicia, y una comisión de juristas para la modificación de los códigos nacionales.
Se aprobaron la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público; la Ley de Crédito Público; la Ley de Tesorería Nacional; la Ley de Planificación e Inversión Pública; la Ley sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras Públicas; la Ley que crea el Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado; la Ley que Instruye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República; la Ley Orgánica de Administración Pública; y la Ley del Tribunal Superior Administrativo.
Se aprobaron medidas orientadas a alcanzar la transparencia administrativa y la honestidad de funcionarios y servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones. De esa manera, fueron creadas la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa, el Sistema de Declaración Jurada de Bienes; la Comisión de Ética Pública y Combate a la Corrupción; y las comisiones de auditorías social.